Mientras aquí gozábamos de las vacaciones agostinas, unos 300 hombres y mujeres de Guatemala, Honduras y El Salvador que conforman la caravana denominada “Paso a paso hacia la paz” continuaron recorriendo la peligrosa ruta que siguen miles de migrantes centroamericanos para llegar a Estados Unidos. Las delegaciones de los tres países se juntaron en Guatemala el pasado 24 de julio y desde entonces van en búsqueda de familiares que desaparecieron en el trayecto. El grupo ha logrado reunir los nombres de unos 800 centroamericanos cuya desaparición en México ha sido denunciada en los últimos años. Apenas una tercera parte de esas denuncias ha sido formalmente aceptada por las autoridades mexicanas. Esta caravana tiene el propósito de aprovechar la visita a México del Relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias. El chileno Felipe González permanecerá en suelo mexicano hasta el 2 de octubre para evaluar el estado de los migrantes.
Como auténticos “mojados”, los integrantes de la caravana no contaron con el apoyo de ninguno de sus respectivos Gobiernos. A la entrada de México, se les negó la visa y decidieron ingresar como cualquier otro migrante sin papeles. Como sucede también con los indocumentados, en tierra mexicana les recibió gente de organizaciones y de Iglesias que trabaja en la protección y defensa de los migrantes, y que ha presionado para conseguirles visas temporales para que busquen con tranquilidad a sus familiares.
La caravana recorre cárceles, cementerios, parques, centros de prostitución y casas de acogida de migrantes en México buscando pistas de sus desaparecidos y dando una lección de promoción de los derechos de los migrantes. El mensaje es claro: ¡basta ya de asesinatos, desapariciones y secuestros!, y está dirigido tanto al Gobierno mexicano, que muy poco hace por los migrantes que cruzan su territorio, como a las bandas organizadas, que han hecho de los secuestros una de sus más importantes fuentes de ingresos. Las estadísticas estiman que cada año entre 300 y 400 mil centroamericanos indocumentados cruzan el territorio mexicano en búsqueda de un “sueño americano” que para muchos se traduce en una real “pesadilla mexicana”.
En el fondo, la caravana “Paso a paso hacia la paz” está haciendo lo que deberían los Gobiernos de Centroamérica: abogar decididamente por que se garantice la integridad física y moral de los migrantes durante el recorrido hacia su destino. Esta caravana nos obliga a tomar conciencia sobre el tormento que viven los y las migrantes por el pecado de buscar el pan para sus familias. Aunque se debe luchar por el respeto a los derechos de toda persona que emigra, no debemos olvidar que las causas de la migración no están fuera, sino en las entrañas de nuestros países: las políticas públicas de los Gobiernos centroamericanos no tienen como centro a la gente; en nuestros países se vive un calvario que empuja a correr el riesgo de padecer un infierno.
Migrar no es delito; sí lo es aquello que obliga a emprender la ruta. Se debe, por tanto, hacer todo lo posible por defender los derechos de la población migrante, pero sin que ello signifique descuidar la tarea de acabar con las causas que obligan a la gente a marcharse de su país.
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